instalación de ascensores en canarias

Canarias bloquea 100 ascensores tras no pasar la ITV

Según informa Canarias 7, un centenar de ascensores de uso particular han sido dejados fuera de servicio en el archipiélago tras expirar el plazo de tres meses dado por el Gobierno de Canarias para cumplir con el decreto 88/2018, del 18 de junio, que obliga a todos los ascensores del archipiélago a tener al día la inspección reglamentaria, que no es otra cosa que una especie de ITV similar a la que tienen que pasar los vehículos.

La cifra de paralizaciones supone un mínimo 2% de los 4.500 ascensores detectados en Canarias que estaban en riesgo de bloqueo al carecer de la inspección reglamentaria. Estos aparatos si estaban sometidos a los controles rutinarios que realizan las empresas mantenedoras (sea Otis, Schindler, Orona o Thyssenkrupp…) pero carecían del control que cada dos, cuatro o seis años, dependiendo del tipo de ascensor y su localización, deben realizar empresas externas y especializadas y que desde ahora será obligatorio o se parará el aparato. Se trata de las llamadas OCAS (organismos de control autorizados por Industria) y que actúan como auditoras de las empresas de mantenimiento (al igual que las ITV sobre cualquier taller mecánico en el caso de los vehículos).

El presidente de la Asociación Empresarial de Ascensoristas de Canarias (Aeacan), José Luis Quintero, destaca el reducido número de ascensores que han sido parados y lo achaca al trabajo intensivo que han llevado a cabo en los últimos dos meses las empresas para informar de lo que venía después del 26 de noviembre si no se cumplía con la norma. «Estamos gratamente sorprendidos porque son muy pocos los aparatos que se van a bloquear. La mayoría de los propietarios se han dado cuenta de que si no pasaban el control se les iba a parar el ascensor», asegura Quintero.

En aquellas comunidades «más remolonas» las empresas optaron en las últimas semanas por colocar en los ascensores un cartel indicando la fecha de parada del ascensor si no se realizaba el control exigido por el decreto. «Había mucha gente que no lo había hecho porque no se habían enterado. Tras ver el cartel sobre la marcha contactaban con una OCA», indican fuentes de una conocida empresa de ascensores, quien indica que los esfuerzos por informar «han funcionado».

Algunas de las paralizaciones se han desarrollado en edificios de comunidades de vecinos pero la gran mayoría se corresponde con edificios de particulares que, según argumenta Quintero, no pasan el control al carecer de medios para poner en marcha las mejoras a las que obliga la ley, como por ejemplo, instalar un telefonillo para la comunicación bidireccional o colocar barandillas en el techo del aparato para mejorar la seguridad.

«Es una demanda que hemos planteado al Gobierno de Canarias, la necesidad de establecer ayudas o subvenciones para ayudar a las personas que no puedan hacer frente a las mejoras que exige la ley», indica Quintero. Según señala, muchos aparatos requieren de inversiones medias de 5.000 euros. «En ascensores con 35-40 años las inversiones se disparan y pueden llegar a los 20.000 euros. En el caso del cambio completo, pueden ser 30.000 euros pero siempre se pueden arreglar deficiencias sin llegar a ese extremo», indican fuentes de una reconocida empresa de ascensores.

Fuente: Canarias 7

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